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Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén

[ Inscrito en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía ]

  

  

Viernes, 31 Agosto 2018 12:20

El presidente del Consejo General de Colegios API, Diego Galiano, te invita a inscribirte en la Convención Nacional "Unión Inmobiliaria".

Os esperamos a todos en Málaga los días 27 y 28 de septiembre. ¡Juntos somos más fuertes!

www.unioninmobiliaria.es

 

 

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Viernes, 31 Agosto 2018 12:17

La Administración no puede comprobar el valor de un inmueble, a efectos fiscales, que un contribuyente haya calculado de conformidad con los criterios que esa misma Administración publica a estos efectos. El Tribunal Supremo, en una nueva sentencia, vuelve a dar la razón a los contribuyentes frente a la Administración pública, como ya hizo hace un par de semanas respecto al pago de los impuestos vinculados a la compra, herencia o donación de un inmueble.

El fallo data del 21 de mayo de 2018 y en él, el alto tribunal analiza el caso de unos contribuyentes que calcularon la valoración de varios inmuebles heredados a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones con arreglo a los criterios y valores que la Administración tributaria de la Generalitat de Cataluña había publicado en su página web. Un cálculo que se realizó en base al valor catastral de los inmuebles y el coeficientecorrespondiente a la ubicación de los mismos, procedimiento que está previsto en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria (LGT).

A pesar de ello, la Administración tributaria de la Generalitat de Cataluña efectuó una comprobación de valores que se tradujo en un valor real de los inmuebles superior al declarado por los contribuyentes y, por tanto, en un mayor impuesto a satisfacer por los mismos. Ahora, el Tribunal Supremo, en una sentencia que los abogados consultados por El Confidencial señalan de gran importancia para miles de contribuyentes que cada año compran, heredan o donan una vivienda —ya el cálculo de los impuestos es el mismo—, vuelve a echar un nuevo jarro de agua fría sobre la Administración pública y su sistema para revisar las liquidaciones de estos tributos.

"Es lógico que deba preservarse por nuestros tribunales la confianza legítima de los contribuyentes que han liquidado sus impuestos siguiendo los propios criterios de valoración publicados por la Administración tributaria. Tal y como establece la ley, estos criterios de valoración no deben utilizarse solo en contra del contribuyente, como viene sucediendo, sino también como salvaguarda de sus intereses", indica José Ignacio Guerra, socio del departamento fiscal de Garrigues.

Apenas unas semanas antes, el 8 de mayo, el Supremo, en un fallo histórico, cuestionaba el método utilizado por las comunidades autónomas para calcular dichos impuestos, que se basa en multiplicar el valor catastral de un inmueble por un determinado coeficiente para determinar el valor real de un inmueble que, a su vez, sirve de base para calcular el impuesto a pagar por los contribuyentes en el caso de compra de una vivienda —impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados—, pero también en las herencias y donaciones de inmuebles.

En esta nueva sentencia, el Supremo dice, textualmente, que "la Administración no puede comprobar los valores declarados por los obligados [contribuyentes], utilizando los parámetros publicados por ella en aplicación de alguno de los nueve métodos de comprobación previstos en el artículo 57.1".

Y señala que "la Generalitat de Cataluña publicó, mediante la instrucción, unos coeficientes por municipio y por tributo que, aplicados al valor catastral(aprobado, por tanto, en virtud de la legislación del Estado sobre el Catastro Inmobiliario), permitían alcanzar el valor real a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como del que grava las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados". Y añade que, "siendo así, no podía comprobar un valor fijado conforme a sus propios criterios, pues se lo impedía el inciso final del artículo 134.1 LGT".

En este sentido, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el contribuyente, desestimando a su vez el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalitat contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEAR) dictada en diciembre de 2013, por la que anulaba la liquidación practicada por el impuesto de sucesiones a varios contribuyentes por la herencia de varios inmuebles.

Impacto sobre los ingresos de las CCAA

Las últimas sentencias del Supremo —como ya sucedió con el fallo respecto a la plusvalía municipal que cobran los ayuntamientos por la venta de un inmueble— pueden mermar los ingresos de las comunidades autónomas por el ITP y AJD, así como por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El importe recaudado por el primero fue de más de 2.000 millones de euros durante el primer trimestre de 2018, mientras que por las herencias y donaciones inmobiliarias, las arcas autonómicas ingresaron casi 800 millones. En total, casi 3.000 millones de euros.

Aunque el agujero económico es prácticamente imposible de cuantificar, lo cierto es que las últimas sentencias no afectan por igual a las comunidades autónomas, puesto que no todas ellas utilizan los mismos métodos para calcular estos impuestos. Así, por ejemplo, en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Cantabria, se utiliza el método de los coeficientes para calcular el valor real del inmueble y, por tanto, el impuesto a devengar. Otras comunidades como Madrid, Baleares, Castilla y León, Murcia, Galicia o La Rioja utilizan para el cálculo del tributo los precios medios de mercado, mientras que Valencia y Cataluña utilizan un método mixto.

 

Fuente: https://www.elconfidencial.com/vivienda/2018-07-21/hacienda-impuestos-herencia-donaciones-itp_1583482/

 

 

Viernes, 31 Agosto 2018 12:13

La vivienda de obra nueva es cada vez más demandada en España. Si en 2017 había un 8% de quienes compraron casa que solo había buscado vivienda de nueva construcción, en 2018 este porcentaje se ha incrementado hasta el 15%. Y ello, a costa del grupo que tomaba en cuenta tanto las casas a estrenar como las usadas, que ha pasado del 57% de hace un año al actual 52%, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa. La subida de la demanda se traduce también en un aumento relativo de las adquisiciones efectivamente realizadas de obra nueva. De todos los compradores que se plantearon exclusivamente la adquisición de una vivienda de este tipo, el 42% acabó comprándola en el último año, contra el 30% de los 12 meses anteriores. El restante 58% adquirió casas de segunda mano, lo que supone un trasvase de 12 puntos porcentuales de este grupo al otro.

 

Madrileños, andaluces y jóvenes

Las comunidades autónomas donde más acusado es el repunte de compradores que solo buscan inmuebles a estrenar son Madrid (pasan del 11% de 2017 al 18% de 2018) y Andalucía (del 7% al 15%). Si la subida se registra en todos los rangos de edad, en los dos grupos más jóvenes –conformados, uno, por personas de entre 25 y 34 años, y el otro, entre 35 y 44 años– el porcentaje de quien considera exclusivamente viviendas de obra nueva alcanza en ambos casos el 16%, un punto porcentual por encima de la media.

“Las viviendas de obra nueva son más modernas y están conectadas”, explica el secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Daniel Cuervo. “Muchas de ellas disponen de servicios adicionales en las zonas comunes como salas gourmet, de niños, de estudio, para co-working, cines, espacios de relajación, gimnasios, piscina y pádel, lo que hace que sean muy valoradas por la gente joven y las familias con hijos”, añade.

Un mercado descompensado

Estas tendencias de la demanda de casas nuevas se reflejan en las estadísticas oficiales de la oferta. En los primeros cuatro meses de este año los visados de dirección de obra nueva concedidos fueron 39.504, un 16,06% más que en el mismo período del año pasado. De la misma manera, en 2017 se dio un 26,1% de visados de obra nueva más que en 2016, según datos del Ministerio de Fomento, pero este crecimiento interanual se ha ralentizado con respecto al bienio anterior.

Es el síntoma, para Cuervo, de un mercado descompensado, consecuencia de diez años de paralización de la industria y de plazos de gestión, tramitación urbanística y construcción “muy largos”. Por ello, el secretario general de la APCE estima que promotoras y constructoras tardarán “dos o tres años” en satisfacer la demanda de viviendas nuevas, “incluyendo las que se venden a ciudadanos extranjeros”.

Precios elevados

La principal dificultad en la adquisición de este tipo de vivienda es su precio demasiado elevado, según señalan más de tres de cada cuatro encuestados por Fotocasa que consideran la posibilidad de adquirir una casa de obra nueva. De hecho, más de la mitad de ellos ha llegado a negociarlo, y en un 8% de los casos el importe ha variado, pese a no haber habido ninguna negociación. La mitad de los que finalmente se decantaron por comprar una vivienda usada justificó su elección afirmando que consideraba las casas a estrenar demasiado caras.

Una característica que Cuervo admite sin reservas, aunque prefiere hacer hincapié en que en este tipo de vivienda la calidad de la construcción hace que el mantenimiento salga más barato y que se aminore el consumo de energía. De esta forma, en palabras del secretario general de la APCE, “en un periodo de entre 5 y 10 años el importe ahorrado anualmente rondará los 1.500 euros”.

Suelo caro y escaso poder adquisitivo

La otra razón que esgrimieron con más frecuencia los que renunciaron a tener una casa de nueva construcción es la escasa oferta en las zonas de su interés (45%). Por ello, Toribio concluye que “la oferta actual de vivienda de obra nueva no abarca la demanda potencial que existe en la población española, lo cual es una buena noticia para el sector promotor”, aunque este debería adaptar el precio de este tipo de inmuebles ante unos particulares que “aún no han recuperado el poder adquisitivo que perdieron durante la crisis”.

En la opinión de Cuervo, el problema estriba en la falta de cambios en la normativa urbanística para que sea más ágil y flexible, “lo que permitiría disponer de un suelo mucho más barato que en la actualidad”. Si el precio del suelo fuera más bajo, “el producto final podría entrar en los precios adecuados para que el esfuerzo salarial cumpliera con los parámetros de riesgo de la banca”, denuncia.

Comprar sobre plano

En cualquier caso, el comprador que no disponga de todo el dinero necesario para adquirir una vivienda de obra nueva y que se plantee pedir una hipoteca, no notará diferencias sustanciales con los préstamos que los bancos conceden para segunda mano. Los elementos que suelen tener en cuenta la entidades son “el importe de tasación u otras características personales del solicitante como empleo, tipo de contrato, ingresos de la unidad familiar, localidad, y ahorros aportados al importe final del préstamo”, señala el director de hipotecas del comparador bancario iAhorro, Manuel Gonzalvez. Y, antes de todo, no aparecer en ningún fichero de morosos.

Si adquirimos la vivienda sobre plano –“lo que ayudará a aprovechar un mejor precio”, en sus palabras–, deberemos esperar el tiempo de construcción, que en algunos casos puede llegar a ser de varios años. Es bastante común que la entrada y los primeros pagos se hagan cuando la vivienda no está todavía acabada, por lo que se estará pagando algo que todavía no se puede disfrutar.

 

Fuente: https://elpais.com/economia/2018/07/26/actualidad/1532596746_930671.html

 

 

 

Viernes, 31 Agosto 2018 12:10

Las agencias inmobiliarias arrastran mala fama. Eso es así; lo reconoce incluso el presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (CGCOAPI), Diego Galiano. «Se cometieron muchos disparates en la época del boom inmobiliario: gente sin cualificación ni experiencia que vendía pisos en bares, sobre una servilleta; precios que se inflaban a lo loco; una presión tremenda sobre los compradores... Y ahora pagamos justos por pecadores», afirma. Pero la crisis supuso una 'operación limpieza' y el sector de la intermediación inmobiliaria afronta este nuevo ciclo con la profesionalización como bandera. No obstante, es frecuente que los consumidores que se plantean acudir a un agente inmobiliario para comprar, vender o alquilar una vivienda tengan dudas y reparos sobre diferentes aspectos de la relación que van a entablar: qué honorarios les pueden cobrar, cómo saber si una agencia es de confianza, si hay un contrato tipo o es negociable, si conviene o no pactar exclusividad…

Repasamos las preguntas más frecuentes:

¿Cómo sé si una agencia inmobiliaria es de confianza? ¿Hay alguna titulación o requisito que deba cumplir un profesional de la intermediación inmobiliaria?

La realidad es que en España no se exige ningún requsito para montar una agencia inmobiliaria. «Cualquier persona puede montar libremente una inmobiliaria sin ningún tipo de requisito: ni siquiera estar dado de alta en la Seguridad Social o tener un seguro de responsabilidad civil», afirma Diego Galiano, que como presidente de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria tiene en ésta una de sus principales batallas. «Es duro porque son procesos que implican mucho dinero y consecuencias serias para las personas; estamos hablando de viviendas», añade.

Entonces, ¿cómo saber en quién confiar? «¿Yo qué voy a decir:? Pues que la seguridad y la garantía viene de la mano de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) colegiados porque están formados y están capacitados y tienen un código deontológico, un régimen disciplinario y un seguro de responsabilidad civil obligatorio», afirma Galiano, que sin embargo reconoce que también hay profesionales «muy válidos» que no están colegiados. ¿Señales por las que guiarse? «Lo primero, que la agencia tenga una ubicación física. Y después, buscar referencias sobre su solvencia», recomienda.

Esta falta de referencias a la hora de buscar una agencia inmobiliaria fiable va a cambiar en no mucho tiempo, cuando empiece a funcionar el registro obligatorio que ha establecido la Junta de Andalucía para estos profesionales.

¿Cuándo entrará en vigor el registro obligatorio para profesionales de la intermediación inmobiliaria en Andalucía?

Esta es una medida largamente demandada por los profesionales del sector que se cumplió el pasado 8 de mayo, al publicarse en el BOJA una ley que establece un registro obligatorio para ejercer esta actividad. Las condiciones para acceder a este registro son: demostrar una capacitación, tener una ubicación física, tener un seguro responsabilidad civil y un seguro de caución (que cubre las cantidades que se entregan a cuenta) y no tener antecedentes penales. Para que el registro empiece a funcionar todavía falta que se publique el reglamento, algo que se espera para este próximo otoño.

¿Debo firmar un contrato con la agenica o basta con un acuerdo verbal?

Los expertos recomiendan encarecidamente poner por escrito las condiciones de la relación que va a establecerse entre cliente y agente inmobiliario. Dichas condiciones se expresan en un contrato, denominado hoja de encargo, que marca los honorarios, el plazo que se concede a la agencia para encontrar un comprador o un inquilino, si se pacta o no exclusividad…

¿Qué implica darle la exclusividad a una agencia en la venta o alquiler de una vivienda?

Esta cláusula implica que el propietario no puede recurrir a otra agencia ni tampoco comercializar la vivienda por sus propios medios. Si en el plazo de tiempo que está vigente el contrato el cliente vende la vivienda sin contar con la agencia, se expone a una penalización. Firmar exclusividad tiene ventajas e inconvenientes: si se confía en el buen hacer de la agencia, puede ser más cómodo tener un solo interlocutor, aunque es cierto que también puede hacer que la agencia se relaje al no competir con nadie. En cualquier caso, si se pacta exclusividad hay que marcar un plazo razonable para la misma, de seis meses, por ejemplo.

En este punto hay que advertir que hay clientes que se ven tentados a esquivar el pago de los honorarios al agente inmobiliario pactando por su cuenta con un cliente que ha acudido a visitar la vivienda gracias a dicho profesional. Aunque la venta se realice una vez pasado el plazo de exclusividad, el cliente se expone igualmente a una demanda, ya que el agente podrá demostrar mediante los partes de visita que ese cliente lo consiguió él.

¿Hay un mínimo o máximo legal para las comisiones que cobra una agencia inmobiliaria en la venta de una casa?

Para empezar, no hay que hablar de comisiones, sino de honorarios. Y la respuesta es no: la legislación española deja libertad a las partes para pactar dichos honorarios ligados a la intermediación inmobiliaria. De hecho, el Colegio de API no puede siquiera publicar un baremo de tarifas recomendadas, ya que Competencia se le echaría encima. Tampoco hay ninguna norma que diga si la comisión se cobra al comprador, al vendedor o a ambas partes.

En la práctica, y aunque según la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios la comisión por la venta de una vivienda se sitúa «generalmente» en el 3% del precio final, la realidad es que los honorarios se rigen por los «usos y costumbres» de cada ciudad. «Por ejemplo, en mi ciudad, que es Jaén, se paga el 4% a medias entre comparador y vendedor», ejemplifica Diego Galiano. En Málaga ronda el 4 ó el 5% y suele pagarlo el vendedor, aunque cada agencia puede hacer lo que quiera. Si la vivienda es muy cara, se puede reducir esta tarifa. Lo importante para que no haya problemas es que esta cuestión de los honorarios queden meridianamente claros en la hoja de encargo. Por cierto, hay que tener en cuenta el IVA para no llevarse sorpresas desagradables.

¿Qué comisión se cobra en el caso de una vivienda de alquiler?

En este caso también hay libertad absoluta desde el punto de vista de la legislación, de forma que el mercado se rige por las costumbres de cada sitio y también por la oferta y la demanda. Hay ciudades donde se cobra una mensualidad a cada parte; otros donde la mensualidad es a medias entre inquilino y propietario; y otros en los que los honorarios sólo se cargan al inquilino.

¿Cuándo se paga la comisión?

Depende de lo que se pacte en la hoja de encargo. Las asociaciones de consumidores recomiendan no pagar hasta que la venta se firme ante notario, ya que hay veces que la operación se frustra antes de la firma y la agencia se niega a devolver lo cobrado. La realidad es que los honorarios del agente inmobiliario se suelen pagar en dos plazos. En la firma del contrato de arras se paga una primera cantidad, mientras que el resto se liquida durante la firma definitiva de la escritura pública.

En el caso de un alquiler, la comisión se pagaría en el momento de la firma del contrato.

 

Fuente: https://www.diariosur.es/economia/vivienda/agencias-inmobiliarias-guia-20180720202756-nt.html

 

 

Martes, 31 Julio 2018 10:52

Firmas de compromisos no siempre tan claros, conflictos sobre el cobro de comisiones, y desconocimiento de algunas prácticas, son solo tres de los problemas más frecuentes que los clientes de las agencias inmobiliarias trasladan a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), según su portavoz, Ileana Izverniceanu. Pese a que la venta de casas de obra nueva empiece ahora a hacerse también por internet, sin visita previa, la práctica totalidad de las compraventas y de los alquileres todavía requieren por lo menos un encuentro entre las dos partes, es decir, vendedor y comprador o arrendador y arrendatario.

 

Muchos son todavía los que, por falta de tiempo, deciden dejar en manos de uno o más agentes la tarea de buscarlas y acercarlas, para que realicen el trato. Los problemas surgen cuando el cliente no tiene claro hasta qué punto llega la responsabilidad de la agencia inmobiliaria, o cuando esta introduce algunas cláusulas que no son evidentes para el usuario común. Entonces, ¿a qué obligaciones debe responder una agencia ante los usuarios?

Promoción y comprobaciones

Aunque desde el portal inmobiliario Fotocasa subrayan que, “en cuanto a lo que profesionalmente se entiende que un asesor debe ofrecer, nada de ello está regulado por ley específicamente, más allá de lo establecido por la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios”, para Ignaci Vives, abogado del bufete Sanahuja Miranda, está claro que “el agente actúa como intermediario entre el que quiere comprar o arrendar una casa y el propietario”. Por ello, “una de sus principales obligaciones será la promocionar el piso lo máximo posible, para localizar un comprador o un arrendatario que esté dispuesto a abonar el precio que solicita el cliente”, añade el letrado.

Otra será la de “verificar la titularidad de las partes y asegurarse de que el bien que se está comercializando cumple con todas las garantías, así como averiguar y conocer la situación jurídica y registral del inmueble”, una información que deberá ser comunicada por escrito a los contrayentes, según el subdirector general de la inmobiliaria Donpiso, Emiliano Bermúdez. Y, agrega, “en el caso de un alquiler, el agente asegurará al cliente que la otra parte reúne las condiciones para que se cumpla el contrato”.

Un acuerdo obvio…

Para que todos estos objetivos se cumplan, el cliente suscribirá con un agente inmobiliario un contrato de corretaje o mediación, que la doctrina define como un convenio “por el que una de las partes se obliga, a cambio de una remuneración, a promover o facilitar la celebración de un determinado contrato entre la otra parte y un tercero que habrá de buscar al efecto”, señala Vives.

En sus palabras, “es evidente que para ponerlo en práctica, la agencia y el cliente deben firmar un contrato o una hoja de encargo en que se especificarán claramente las obligaciones de las partes, y en su caso, la remuneración que recibirá el agente inmobiliario”. Un acuerdo que conllevará el compromiso del profesional a informar al propietario del inmueble sobre el estatus del proceso de venta o arrendamiento y las novedades u ofertas que le lleguen, según Vives.

… pero no mucho

Para Izverniceanu, sin embargo, pese a que la firma de un contrato de este tipo “parezca algo obvio, en realidad no lo es tanto”, ya que solo en Cataluña la normativa autonómica exige que conste por escrito, antes de que se realice, cualquier gestión relativa a esta intermediación, con una indicación expresa de los honorarios. En el resto del país, según las reglas generales del código civil, caben encargos verbales o incluso tácitos. “Algo que acaba provocando litigios”, agrega la portavoz de la OCU, pese a que, como en cualquier tipo de contratación, se deben respetar unos principios generales como los de buena fe y de equidad, entre otros.

Aun así, el Real Decreto sobre protección de consumidores en cuanto a la información en la compraventa y arrendamiento de viviendas, en vigor desde hace tres décadas, establece que esta debe ser veraz y completa, y que el agente inmobiliario tiene que hacer explícito no solo el precio de la compraventa o arrendamiento, sino también sus emolumentos, si se incluyen en el precio ofertado, y quién los paga. “En particular se prohíbe imponer un incremento del precio por servicios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnizaciones o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales efectivas que puedan ser libremente aceptadas o rechazadas por el comprador o arrendatario con independencia del contrato principal”, subraya Izverniceanu.

Desconocimiento y engaño

La mayoría de las reclamaciones que llegan a la OCU evidencian que “el consumidor no es consciente de lo que firma o es llevado a engaño a través de compromisos pocos claros”, según su portavoz. Es lo que ocurre, entre otros casos, cuando una persona busca un piso de alquiler y, el día de la visita, le recibe un agente que le hace firmar un parte que incluye un párrafo por el que el inquilino se compromete a pagar una comisión a la agencia si llega a alquilar el piso. Resulta que quien ha contratado los servicios de la inmobiliaria es el arrendador, pero la agencia pretende cobrar una comisión también al inquilino y, si se niega, no hay alquiler. “Esto es un abuso clarísimo, pero se repite una y otra vez sin que nadie haga nada por impedirlo”, asegura Izverniceanu.

En el caso de las ventas de casas, un problema común a ambas partes es que a menudo estas ignoran que la agencia no se responsabiliza si la venta no acaba de producirse, aunque el comprador haya entregado las arras. Una vez pagadas, la inmobiliaria reclamará la comisión, independientemente de que más tarde el comprador o el vendedor se eche para atrás y decida no llegar a la escritura.

Perder la señal

También ocurre que un usuario se interese por un piso sin estar del todo convencido y que la agencia le proponga hacer una oferta al vendedor, en general algo más baja que el precio anunciado. “Fírmeme este documento de oferta de compra y hágame un adelanto de 500 euros, para hacer ver al vendedor que esto va en serio y, si la rechaza, se lo devuelvo”, escucha entonces el comprador potencial de parte del agente, relata Izverniceanu. De esta forma, y “casi sin darse cuenta”, el usuario se compromete a comprar esa vivienda por ese precio. “La mayoría de las veces se acaba echando para atrás y como mínimo pierde la señal”, remacha.

La OCU advierte también de otras prácticas que conllevan amargas decepciones para los vendedores. Algunos agentes brindan ahora un servicio de tasación gratis de la vivienda, “por si algún día quieren venderla”, señala Izverniceanu, o son los mismos usuarios que, para hacerse una idea del precio al que la podrían vender, se deciden a entrar en una agencia. Es así como “algunos vendedores acaban firmando un documento con la agencia en el que se dice en cuánto está tasada y que se comprometen a pagarle una comisión de desde el 3% hasta el 6% del importe de venta si la agencia lo vende en el plazo de desde tres hasta seis meses”.

No hay vuelta atrás

Si el contrato de mediación, además, tiene exclusiva, la inmobiliaria pretenderá que se le pague la comisión, incluso en el caso de que sea el propio vendedor quien ha encontrado al comprador. Poco importa, afirma Izverniceanu, que el inmueble se haya vendido a un pariente o fuera del plazo establecido por la hoja de encargo. Muchas veces estos encontronazos derivarán en “litigios sobre la procedencia del pago de la comisión y el carácter abusivo de determinadas cláusulas”, alega.

En todo ello, no cabe arrepentimiento. Si el comprador no echa bien los cálculos antes, para conocer la real entidad de lo que le deberá a la agencia –a título de ejemplo, una comisión del 4% más IVA sobre una vivienda que se vende por 200.000 euros implica una comisión de 9.680 euros– el compromiso adquirido con la firma del contrato le obligará a abonarlo.

 

Fuente: https://elpais.com/economia/2018/05/18/actualidad/1526655650_704769.html

 

 

Martes, 31 Julio 2018 10:50

Los propietarios que alquilan sus viviendas a turistas han encontrado en los festivales musicales de verano, a los que acuden decenas de miles de personas durante varios días, todo un filón. Estos eventos disparan el precio del alquiler vacacional hasta un 36%, según un estudio elaborado por el Instituto de Valoraciones. El alquiler vacacional es una opción cada vez más demandada entre los asistentes a los eventos musicales. Algunos ejemplos son el Sonorama Ribera de Aranda de Duero (Burgos) y el festival Dreambeach de Vera (Almería), que se celebrarán en la segunda semana de agosto. En el primero las reservas de pisos turísticos para los días que dura esta edición se han triplicado respecto al año pasado, y en el segundo, suponen ya más del doble (140%) que en 2017.

 

Aunque la mayoría de estos festivales se organizan en municipios más pequeños, algunos se celebran en capitales de provincia, donde también se ha notado el incremento de la demanda. Por ejemplo, las reservas de pisos turísticos durante la celebración del Mad Cool en Madrid el pasado fin de semana, al que acudieron unas 240.000 personas durante los tres días que ha durado el festival, han crecido un 16% respecto a 2017. En el caso del BBK de Bilbao, la ocupación en estos alojamientos entre el jueves y el sábado pasados ha aumentado casi un 30% respecto al año pasado.

El alza de los precios como consecuencia de la celebración de estos eventos se da sobre todo en las capitales y las localidades más pequeñas. El precio de una vivienda turística por persona y día durante un festival en ciudades como Barcelona supera los 50 euros. Así, en el Primavera Sound, que tiene lugar cada año en la Ciudad Condal a principios de junio, el precio medio para alquilar un apartamento vacacional ronda los 55 euros. Sin embargo, el valor medio de estos alojamientos en la ciudad durante el verano es de 35 euros, por lo que el incremento del precio es del 36%.

En el caso del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se organiza desde este jueves hasta el domingo, los precios también superan la media habitual. El coste por noche ronda los 128 euros, en torno a un 17% más, ya que el precio medio en la localidad castellonense suele ser de 106 euros, indican en Instituto de Valoraciones.

Las zonas de sol y playa tienen otro aliciente, por lo que son más sensibles al crecimiento en la demanda de pisos vacacionales durante la celebración de eventos musicales. Un ejemplo es el Womad, que se organizó el año pasado en Las Palmas de Gran Canaria, donde la ocupación de apartamentos turísticos rozó casi el lleno durante los días que duró el evento.

Fuente: https://elpais.com/economia/2018/07/18/vivienda/1531910051_957286.html

 

 

Martes, 31 Julio 2018 10:47

El mercado inmobiliario ha estado en el objetivo del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre su programa de Gobierno. Sánchez ha anunciado la puesta en marcha de medidas concretas que ayuden a paliar la burbuja que rodea al mercado del alquiler de vivienda al afirmar que su Gabinete elevará la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de 3 a 5 años.

Una medida que ya estaba contemplada en la propuesta de ley que el PSOE presentó ante la mesa del Congreso el pasado mes de marzo, que servirá de hoja de ruta para las medidas en materia de vivienda del nuevo Ejecutivo. Dicha propuesta contemplaba además, recuperar los contratos a cinco años, frente a los tres actuales que se estableció en la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Asimismo, Sánchez ha precisado que se pondrán también limitaciones a la vivienda turística, un tipo de alojamiento que ha tenido un fuerte impacto sobre los alquileres tradicionales, especialmente en las grandes ciudades, alimentando en algunas zonas el boom de precios.

El nuevo Gobierno cree que los polémicos alquileres turísticos deberían quedar fuera de la LAU y, tal y como contemplaba su propuesta de ley, solo cuando el arrendamiento sea de 15 días o más y no incluya ningún tipo de servicio adicional (desayuno, limpieza), consideran que deberá regularse por la LAU, mientras que si la cesión temporal es para arrendamientos inferiores a 15 días o para cesiones con servicios equiparables a los que ofrecen los hoteles, los alquileres turísticos quedarán fuera de la ley. No obstante, Sánchez no ha dado más detalles al respecto.

Por su parte, y en lo que respecta a los Planes de Vivienda del Gobierno, Sánchez ha prometido también 20.000 viviendas públicas en los próximos 4 años, tal y como avanzó la semana pasada el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Según avanzó, las viviendas se levantarán en aquellas localizaciones que cuenten con una demanda acreditada y en las que el precio del alquiler se ha incrementado considerablemente. Y avanzó que, para ello, Fomento estudiará, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos cuáles son los suelos más adecuados para albergar este parque de viviendas, que forma parte de las medidas a medio y largo plazo en las que trabaja el ministerio.

Los expertos consultados por El Confidencial, aunque han valorado cualquier medida que contribuya a dar estabilidad al mercado, si bien todos coinciden en señalar que posiblemente las viviendas estén disponibles cuando ya no exista un problema en el mercado del alquiler, consideran que se ubicarán donde no existe un problema real con los precios del alquiler y añaden que hay capacidad productiva para su construcción.

 

Fuente: https://www.elconfidencial.com/vivienda/2018-07-17/vivienda-alquiler-gobierno-pedro-sanchez_1593620/

 

 

 

 

Martes, 10 Julio 2018 11:20

Una delegación compuesta por el Consejo Rector del Consejo General API, presidentes y miembros de juntas de gobierno de colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de toda España han participado en una recepción ofrecida por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Este acto se enmarca en el 70 aniversario de la creación de los colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que se cumple en 2018.

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria también han realizado una visita protocolaria al Senado, una institución en la que han sido recibidos por su secretario primero, Luis Aznar.

El presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Diego Galiano, les ha hecho saber la importancia de la actividad API, siempre cercana y respetuosa con los ciudadanos y con la protección de sus derechos. Además les ha informado de la necesidad de poner orden y control en el sector mediante una regulación estatal, y siempre desde la Unión Inmobiliaria y la conducta ética de todos los agentes.

 

Fuente: https://consejocoapis.org/recepcion-al-consejo-general-de-colegios-api-de-espana-en-el-congreso-y-el-senado/

 

 

Viernes, 29 Junio 2018 09:39

Os recordamos que está abierta la inscripción para la VII Convención Nacional API "Unión Inmobiliaria", que se celebrará en Málaga los días 27 y 28 de septiembre.

Aprovecha para inscribirte a coste reducido en la primera fase de inscripción.

 

Fuente: http://unioninmobiliaria.es/

Acceso Colegiados

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